La Cámara de Diputados aprobó este martes la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con 47 votos a favor y 30 en contra, en una sesión que marcó el final de su mandato tras meses de controversias y la intervención municipal ordenada en junio pasado.
La votación, que superó ampliamente los 41 votos necesarios para la destitución, consolidó la victoria del bloque colorado cartista y sus aliados, quienes lograron imponer su decisión pese a la férrea resistencia de la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado.
El resultado reflejó la correlación de fuerzas en la Cámara Baja, donde Honor Colorado mantiene una mayoría suficiente para aprobar medidas de esta envergadura. Los 47 votos a favor incluyeron no solo a los legisladores cartistas, sino también a representantes de la disidencia colorada y otros sectores afines al oficialismo.
Culmina un proceso iniciado en junio
La destitución de Prieto fue el punto culminante de un proceso que se inició con la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este en junio de 2025. La medida fue aprobada entonces con el mismo número de votos que hoy selló su destitución, evidenciando la consistencia del bloque opositor a la gestión del intendente.
La comisión especial que analizó el caso durante las últimas semanas había emitido un dictamen favorable a la destitución por mayoría, con cuatro votos positivos y solo uno en contra del diputado Walter García, de Yo Creo, quien hasta último momento defendió la permanencia del intendente en el cargo.
Reacciones tras la votación
El diputado Walter García, principal defensor de Prieto en el proceso, había calificado previamente la inminente destitución como «terrorismo de Estado» orquestado desde el «quincho» de Honor Colorado. Los sectores opositores denunciaron que el proceso no analizó debidamente los documentos remitidos por el interventor Ramón Ramírez.
Por su parte, Miguel Prieto dijo que dimitir antes de la votación sería un acto de «cobardía» y había decidido enfrentar el proceso hasta sus últimas consecuencias, manteniendo su posición de inocencia respecto a las acusaciones de irregularidades administrativas.
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