El fiscal Luis Fernando Escobar imputó a 11 personas por su presunta participación en hechos punibles de lesión grave, perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia. Los delitos ocurrieron el 5 de octubre en el Asentamiento Mujer Paraguaya del km 30 Monday, distrito de Minga Guazú.
Los sospechosos atacaron a miembros de una familia a quienes pretendían expulsar de la comunidad. Los agresores utilizaron fuerza física y armas blancas.
Una mujer de 56 años sufrió un corte detrás de la oreja derecha, puntapiés y golpes con un palo. Su hijo de 30 años recibió un corte en el pómulo izquierdo. Los atacantes habrían actuado bajo las órdenes de uno de los imputados, quien sería el líder de una de las comisiones vecinales.
Agentes policiales de la Subcomisaría 52 del barrio Piro’y acudieron al lugar tras la denuncia. La superioridad numérica y la actitud agresiva de los involucrados obligó a los uniformados a solicitar refuerzos al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y a otras comisarías cercanas.
Los policías redujeron a los presuntos atacantes en la vía pública con el apoyo recibido. Durante el operativo incautaron machetillos, puñales y una barra de hierro. Dos de los imputados, de 53 y 28 años, resultaron heridos al enfrentarse con los intervinientes. Ambos ingresaron al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este bajo custodia policial. El resto de los imputados ingresó a la sede policial.
El Ministerio Público fundamenta la imputación en notas policiales, actas de procedimiento y declaraciones testimoniales. La investigación señala a uno de los involucrados como presunto autor de lesión grave, perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia. Los demás procesados enfrentan cargos por perturbación de la paz pública, coacción grave y resistencia.
El fiscal Luis Escobar solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo. Asimismo, requirió al juez penal de garantías que dicte la prisión preventiva de todos los imputados. Argumentó la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la integridad de las víctimas y el normal desarrollo del proceso penal.
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