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Imputan a intendente de Ciudad del Este

Miguel Prieto debe responder por supuesto hecho de corrupción por compras de kits de alimentos. El juez José Delmás admitió este miércoles el procesamiento del jefe comunal de la capital del Alto Paraná. La imputación es por la supuesta lesión confianza de Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, el director de Administración y Finanzas de la municipalidad. Y como coautores están procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.

En marzo de 2020, en plena pandemia, Prieto recurrió a la vida de la excepción para la compra de 25.000 kits de alimentos para personas de escasos de recursos.

Tía Chela SRL es la empresa que adjudicó para la provisión de los kits. Esa organización es propiedad de Fermín Avalos Britos; y la firma que proveía las mercaderías Vanemi SA, cuya dueñ es Emilia Vanesa Florentín Páez, quien tendría vinculación con Prieto.

El fiscal Silvio Coberta dijo que las firmas que debieron entregar lis kits, serían ficticias. En anto, Oscar Orué, viceministro de Tributación, aseguró que la empresa adjudicada se surtía de firmas fantasmas y que por eso surge la presunción que los productos pudieron haberse comprado por contrabando.

Conforme con la investigación, Tía Chela SRL no cumplió con la entrega de 25.000 kits por que no tenía stock. La Comuna pagó por la primera tanda, que debieon ser 15.000 kits. En la segunda, restaban 10.000 kits. Sin embargo, las mercaderías entregadas corresponden a la segunda tanda, por la cual la municipalidad no abonó.

Además de Silvio Corbeta, el equipo de fiscales integran: Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, todo pidieron el arresto domiciliario de Prieto.  

LA VERSIÓN DE PRIETO

Prieto dijo que la admisión de la imputación es un estupidez y que no le sorprende. Admitió que Emilia Vanesa Florentín fue su pareja en el 2011. Señaló que tiene argumentos y documentos para demostrar que actuó como corresponde y que la empresa adjudicada cumplió lo pactado, al entregar la totalidad de los kits.

En tanto, aseguró que cuenta con 75.000 fotos de las personas que recibieron los productos y que incluso las beneficiadas están georeferenciadas.

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